LA CGE COMIENZA RECIBIR DECLARACIONES PATRIMONIALES

El año pasado se cumplió al cien por ciento con las declaraciones de los funcionarios públicos obligados.

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí ha comenzado a recibir las declaraciones 3 de 3 por parte de los funcionarios públicos obligados, correspondiente al ejercicio anual 2018 y que además comprende la declaración de intereses y la constancia de la presentación de la declaración fiscal, según sea el caso.

La Declaración de Situación Patrimonial es el instrumento por el cual el Servidor Público obligado, manifiesta la situación que guarda su patrimonio al tomar posesión de un cargo público y la forma que este evoluciona durante el desempeño de su gestión hasta su término.

El universo de obligados a presentar declaración patrimonial en este ejercicio asciende a 3,462, es decir, todos los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público y que corresponde al nivel de jefe de departamento o su equivalente, hasta el nivel jerárquico del Gobernador del Estado o de cualquier otro nivel que administre recursos.

La obligación de presentar declaraciones está prevista en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí y se puede realizar en el sistema electrónico Declaranet, implementado por la Contraloría General del Estado.

Las y los funcionarios públicos deben presentar información correspondiente a su acervo patrimonial, es decir, percepciones por encargo público u otras actividades remuneradas, la distribución de gastos (derivado de los ingresos obtenidos) adquisición de bienes muebles e inmuebles de su propiedad, o enajenaciones de estos, en su caso, ingresos percibidos por el cónyuge y dependientes económicos y deudas.

El Contralor General del Estado José Gabriel Rosillo Iglesias declaró que se esperan los mismos resultados que el año pasado, en donde se cumplió al cien por ciento con las declaraciones; lo que resulta en brindar a la población certeza en el uso de los recursos públicos, la recuperación de la confianza en las instituciones gubernamentales y las y los funcionarios públicos, así como el impulso a las acciones de prevención y combate a la corrupción.